Desde el Partido Obrero fijaron postura acerca del transporte Público de pasajeros en la ciudad de Río Gallegos. En un comunicado de prensa afirmaron: Es de público conocimiento la empresa que prestaba el servicio de transporte público, Maxia, rescindió el contrato con la municipalidad, y por estos momentos la ciudad se encuentra con dicho servicio suspendido.
Entre denuncias cruzadas por parte de la empresa y la municipalidad por deudas, los choferes terminan en una situación de incertidumbre, y los trabajadores y estudiantes sin transporte una vez más.
Es que las crisis de transporte son recurrentes en la ciudad, y comunes a las gestiones peronistas y radicales por igual. A pesar de subsidios por millones de pesos, las empresas han incumplido sistemáticamente contratos, normas, pago de sueldos.
Hay que terminar con la privatización del servicio, que se ha demostrado insostenible, y avanzar hacia un transporte estatal. El problema es que los partidos que gobiernan han demostrado que no pueden (o quieren) garantizar un servicio de transporte para la ciudad, y están rodeados de denuncias por corruptelas: la UTA denuncia que hay un negociado con respecto al cambio de la empresa.
Debemos partir de un plan integral que comience por la apertura de los libros de la empresa y de la Municipalidad, en primer lugar, para saber bien los costos del servicio, que son un secreto salvo para quienes hacen los negocios. En segundo lugar, hay que saber la situación financiera de la municipalidad, con cuantos fondos se cuenta y cuanto se dilapidó en subsidios a empresas que nunca se interesaron en garantizar ni en invertir en un servicio de calidad para la población trabajadora que ocupa el transporte público.
Las gestiones municipales se han demostrado incapaces, por eso contra toda pésima gestión y corruptela, planteamos el control de los trabajadores y los usuarios de un servicio estatal financiado por el municipio.
