Donald Trump presionó, atacó y buscó descabezar a su Departamento de Justicia en las últimas semanas de su presidencia para conseguir quedarse en el poder a pesar de haber perdido las elecciones de 2020 frente a Joe Biden. Esos esfuerzos fueron la parte central de la quinta comparecencia este jueves del comité de la Cámara de Representantes que investiga la campaña del expresidente para dar la vuelta a los resultados de las urnas y que culminó con un asaltó trágico y bochornoso del Capitolio por parte de una turba ‘trumpista’ el 6 de enero del año pasado.
La sesión arrancó con una explicación necesaria, hilvanada por varios de los miembros del comité: el Departamento de Justicia es un organismo especial.
Forma parte del Gobierno de EE.UU. y su cúpula es elegida por el presidente. Pero, a pesar de depender de la Casa Blanca, actúa de manera independiente. La defensa de esa independencia y el plante de sus principales autoridades contra las presiones de Trump para que cooperaran en el intento de vuelco electoral fueron decisivos en la salvaguarda de la voluntad expresada en las urnas. El expresidente trató de colocar a un segundón sin experiencia al frente del Departamento de Justicia que comulgaba con sus planes. Pero sus altos cargos se rebelaron.
En anteriores comparecencias, se mostraron declaraciones del que fuera el máximo responsable del Departamento de Justicia, el fiscal general William Barr, sobre el supuesto fraude masivo que denunciaba Trump. Calificó las alegaciones de ‘robo’ electoral de «sinsentido» y «locura» e insistió en que, como le dijo en su momento al entonces presidente, no había rastro ninguno de fraude masivo que pudiera cambiar el resultado de las urnas.
Ante este enfrentamiento con Trump, que solo quería escuchar a quien le dijese que le habían robado la elección, Barr dimitió a mediados de diciembre de 2020, pocas semanas después de la elección y pocas semanas antes de que el Congreso certificara la victoria de Biden. Le sustituyó Jeffrey Rosen como fiscal general interino. De segundo tenía a Richard Donaghue. Ambos fiscales, como Barr, eran republicanos de reputación contrastada, con experiencia con diferentes presidentes de su partido. Eso no les impidió ser independientes y mantener la versión de Barr -no encontraron fraude masivo por ningún lado- pese a las presiones de Trump.
Rosen, Donaghue y un tercer alto cargo del Departamento de Justicia, Steven Engel, comparecieron ante el comité para explicar esas presiones. Dirigió el interrogatorio Adam Kinzinger, uno de los pocos diputados republicanos díscolos con el expresidente. Rosen reconoció que Trump le escribía o llamaba «prácticamente todos los días». El entonces presidente mostraba «insatisfacción» con el Departamento de Justicia, criticaba que no hacía «su trabajo».
Donaghue tuvo una larga conversación con el presidente, en la que desmontó «una tras otras» sus alegaciones de fraude masivo: no había pruebas al respecto. Trump y sus secuaces en el «intento de golpe de estado», según lo califica el comité, se aferraban a cualquier teoría conspiradora para buscar el vuelco electoral: el trucaje de las máquinas que cuentan votos, la aparición de maletas con papeletas, el camión que transportaba votos de Nueva York a Pensilvania y hasta la teoría de que se utilizaron satélites italianos para cambiar el signo de la elección. Todo era falso, y los fiscales insistieron en ello. Trump prefirió no escucharlos y repitió en público sus acusaciones infundadas hasta el día fatídico del 6 de enero y más allá, hasta hoy.
También trató de que el Departamento de Justicia se posicionara de forma pública hacia sus teorías. Con una conferencia de prensa, con la interposición de una demanda ante el Tribunal Supremo o con el nombramiento de un fiscal especial para investigar la limpieza de las elecciones. Se negaron. «Solo seguiremos la ley y los hechos», fue la respuesta de Rosen.
«Trump no solo quería que el Departamento de Justicia investigara», dijo el presidente del comité, Bennie Thompson, sobre esos esfuerzos. «Quería que el Departamento de Justicia legitimara sus mentiras».
El mejor ejemplo de ello fue a finales de diciembre tras una nueva conversación con los fiscales al frente del Departamento. Rosen le dijo que ellos no podían «chasquear los dedos y cambiar el resultado de la elección». El fiscal general interino recordó cuál fue la respuesta de Trump: «Simplemente decid que (la elección) fue corrupta y dejadme el resto a mí y a los republicanos del Congreso».
Trump y sus acólitos recurrieron a un fiscal que sí estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que le dijera el presidente: Jeffrey Clark, asistente de fiscal general encargado de la división de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El tiempo se le acababa al presidente para conseguir algo que le mantuviera en el poder, con el 6 de enero, el día en el que el Congreso certificaba la victoria de Biden, a la vuelta de la esquina.
Clark promovió el envío de una carta a las asambleas legislativas de los estados con los resultados más disputados. En ella se establecía una mentira -que el Departamento de Justicia consideraba que había indicios de fraude masivo- y planteaba a los legisladores estatales que mandara electores -los delegados que eligen al presidente- sustitutos, lo que podría inclinar la victoria hacia Trump. Rosen y Donaghue se oponían de manera frontal. También el equipo legal de la Casa Blanca, liderado por Pat Cipollone, y entonces enfrentado a los asesores de la campaña de Trump, como Rudy Giuliani, muñidores del ‘golpe’ electoral. Cipollone calificó la carta de «pacto de suicidio».
Ante la negativa de Rosen y Donaghue a cooperar, Trump se planteó colocar a Clark, muy lejos de tener la experiencia requerida para el cargo, al frente del Departamento de Justicia. El propio Clark le dijo a Rosen que el presidente había tomado esa decisión: el segundón despedía al jefe. Rosen solicitó una reunión con el presidente y montó una rebelión en el Departamento de Justicia. El 3 de enero, en uno de los momentos definitivos del intento de Trump de dar la vuelta a las urnas, se reunieron en la Casa Blanca Rosen, Donaghue, Clark, Cipollone, el presidente y dos asesores más.
«Lo que sabemos es que tú, Rosen, no vas a hacer nada», dijo Trump a su fiscal general interino. «No estás ni siquiera de acuerdo con las alegaciones de fraude electoral. Y este otro, al menos, podría hacer algo», añadió en referencia a Clark. «Tiene razón, señor presidente», le respondió Rosen. «No voy a permitir que el Departamento de Justicia haga nada por tratar de dar la vuelta a la elección. Es lo que imponen los hechos y la ley».
«¿Qué tengo que perder?», insistió el presidente ante Donaghue sobre su plan de poner a Clark de fiscal general y mandar esa carta a los estados. El segundo del Departamento de Justicia le informó de que habría dimisiones masivas. Todo el mundo en la reunión del Despacho Oval, excepto Clark, dio la espalda al plan. Trump tuvo que dar marcha atrás y dejó a Rosen en el cargo. La carta, por supuesto, no fue enviada.
Algunas horas antes de que todo esto se detallara en la comparecencia en el Congreso, se produjo un registro en el domicilio de Clark, en Virginia, por parte de agentes federales. No ha trascendido cuál fue la razón del registro, pero está dentro de la investigación por parte del Departamento de Justicia del intento de cambiar el resultado de la elección de 2020. Un esfuerzo paralelo al del comité de la Cámara de Representantes pero que comparte protagonistas. Está por que ver qué resultados políticos y penales obtiene cada uno de ellos.
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Fuente: ABC
