El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, llegó ayer a Bruselas con voluntad de «hablar» para intentar resolver el conflicto generado por la sentencia del Tribunal Constitucional de su país que establece la prevalencia del derecho polaco sobre el europeo, pero sin intenciones de ceder a la presión que están ejerciendo los demás países (excepto Hungría) y las instituciones comunitarias, sobre todo el Parlamento, para que dé marcha atrás.
A su llegada a Bruselas, el jefe del ejecutivo nacional populista de Varsovia dijo que «no actuaremos bajo la presión del chantaje, estamos listos para el diálogo. No estamos de acuerdo con el alcance cada vez mayor de las competencias europeas, pero queremos hablar para resolver las disputas actuales de común acuerdo y con diálogo».
Los dirigentes europeos prefieren mantener una posición firme respecto a la cuestión del respeto al Estado de derecho en Polonia pero sin abandonar los canales de comunicación para evitar el choque de trenes. La estrategia se basa sobre todo en eludir el debate de fondo sobre el límite de las competencias europeas y la soberanía de los países, que no se ha resuelto nunca del todo, y centrarlo en la falta de legitimidad del propio tribunal que ha dictado la polémica sentencia, cuya composición ha sido declarada como no conforme por la justicia europea. La canciller alemana, Angela Merkel, que a la espera de la formación del nuevo gobierno presidido por los socialdemócratas está en la que podría ser su última cumbre europea, volvió a hacer gala de su espíritu conciliador e instó a la precaución y al diálogo. Otros gobiernos que tienen posiciones más agresivas hacia Varsovia tampoco quisieron crear una situación imposible para Morawiecki y prefirieron centrarse en el contexto más amplio de que el mismo tribunal que emitió el fallo no es políticamente independiente, y en denuciar que han sido las reformas del partido del Gobierno, el PiS (Ley y Justicia), las que han llenado el poder judicial de leales partidarios y han expulsado a los jueces que no consideran favorables, lo que provocó la condena del Tribunal de Justicia de Luxemburgo y a su vez la sentencia del Constitucional.
Sin embargo, Morawiecki eligió centrar la discusión en la definición de las prerrogativas de la Unión, e insistió en que Polonia no acepta «y no estamos de acuerdo» en que competencias que no aparecen en los tratados «como cuestiones de seguridad u otras relacionadas con el deporte», sean reguladas por la Comisión Europea o el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. El dirigente polaco está convencido de que «algunas instituciones europeas se atribuyen el derecho a decidir sobre competencias que no les han sido transferidas y se confieren a sí mismas poderes que los tratados no les otorgan».
Antes de la reunión Morawiecki se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron en el mismo aeropuerto de Bruselas. Según fuentes del Eliseo, Macron le expresó su «preocupación» por la sentencia del Constitucional y le ha pedido al polaco que acepte dialogar con la Comisión «para encontrar una solución compatible con nuestros principios y nuestras reglas comunes».
Los demás países, excepto Hungría, cuyo primer ministro (Viktor Orban) llegó a la sede del Consejo diciendo que «Polonia es el mejor país de Europa», han defendido el principio de que la legislación común prevalece sobre las particulares. En Polonia han empezado ya a acusar estos ataques con campañas de desprestigio en la televisión oficial. El último caso ha sido el de Holanda, cuyo Gobierno pide insistentemente a la Comisión que congele las ayudas financieras si las autoridades de Varsovia no cambian de opinión, y al que la televisión oficial polaca ha presentado como «un nido de narcotráfico y crimen» que «viola las leyes europeas».
El más beligerante de todos modos está siendo el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, que la víspera había pedido a los servicios legales de la Eurocámara que «preparen acciones legales contra la Comisión por su no aplicación del Reglamento de Condicionalidad», para detener el flujo de ayudas financieras a Polonia, aunque el nombre de este país no se menciona específicamente en la propuesta. La Comisión tiene de plazo hasta el 2 de noviembre y antes se espera que el Tribunal Europeo de Luxemburgo defina si es legal o no este mecanismo de condicionalidad, que ha sido impugnado a su vez por Polonia y Hungría.
La Comisión puede activar este mecanismo de condicionalidad, aprobado con el paquete presupuestario de este año, cuando las violaciones de los principios del Estado de derecho socavan la buena gestión del presupuesto de la UE o amenazan con hacerlo. El procedimiento puede tener como consecuencia, a través del Consejo, la suspensión o la reducción de determinados fondos por valor equivalente al daño ocasionado a los intereses financieros de la Unión. Para el presidente del Parlamento, el hecho de que el caso esté en manos de los tribunales no impide activar la nueva herramienta, aunque los expertos jurídicos del ejecutivo comunitario probablemente prefieren evitar un lío como el que se podría producir si la justicia dijera que no es legal.
Sin embargo, el miércoles, después del tenso debate en el que participó el primer ministro polaco en la reunión de la Conferencia de Presidentes, el equivalente a la Mesa del Parlamento, la mayoría de los líderes de los grupos políticos de la Eurocámara apoyaron la idea de preparar una futura acción legal contra la Comisión. «No tenemos la intención de eludir nuestro papel institucional en la defensa de los principios básicos sobre los que se basa la Unión Europea» dijo Sassoli ayer a los miembros del Consejo en su discurso.
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Fuente: ABC
