La venganza es un plato que se sirve frío y en China, con su paciencia milenaria y su arte de la guerra, saben mucho de eso. Justo un año después del asalto al Parlamento de Hong Kong en las protestas reclamando democracia, momento a partir del cual se desató una violencia nunca antes vista en la ciudad, el autoritario régimen de Pekín impuso ayer una draconiana Ley de Seguridad Nacional para aplastar esta larga revuelta.
Con su hermetismo y falta de transparencia habitual, lo hizo sin que se supiera su contenido y sin pasar por el Parlamento autónomo de la excolonia británica, cuando los 162 diputados del comité permanente de la Asamblea Nacional Popular la aprobaron por unanimidad en Pekín por la mañana. Hasta catorce horas después, cuando fue promulgada casi a medianoche por el Boletín Oficial de Hong Kong e incluida en el Anexo III de su Ley Básica, no se conocieron las penas con que castigará los delitos que contempla: secesión, subversión, terrorismo e injerencia extranjera.
Los dos primeros prevén condenas de entre tres y diez años y, para sus organizadores, cadena perpetua. Además, el ataque o el vandalismo contra instalaciones del Gobierno será considerado subversión del poder estatal. El terrorismo será castigado con penas de entre cinco y diez años hasta la cadena perpetua, incluyendo la destrucción del transporte público e instalaciones eléctricas que puedan estallar o sistemas de agua, telecomunicaciones e internet. Con la cadena perpetua como pena máxima, la colusión con fuerzas extranjeras comprenderá no solo aquellas acciones apoyadas por organizaciones foráneas que dañen al Gobierno local y al central, sino también incluso las que pidan ayuda o sanciones internacionales.
Con este endurecimiento legal, Pekín pretende acabar con la agitación social que sacude a Hong Kong. Desde junio del año pasado, cuando estalló el malestar contra la ya retirada ley de extradición a China, se han sucedido las manifestaciones multudinarias contra el Gobierno y pidiendo la independencia, los enfrentamientos violentos y actos vandálicos y las llamadas a Estados Unidos y otros países para imponer sanciones al régimen de Pekín. Todo lo que ahora está duramente castigado por la Ley de Seguridad Nacional y que antes, como mucho, estaba penado con diez años de cárcel si el detenido era acusado de «disturbios». Al menos no se aplicará la nueva regulación con efecto retroactivo, como temían los más de 8.000 detenidos a lo largo de la revuelta.
Aunque la ley será aplicada por unidades especiales de las fuerzas policiales y judiciales locales, Pekín nombrará a un consejero del Gobierno autónomo y establecerá una agencia de seguridad cuyos agentes tendrán total inmunidad. Su actuación no se regirá por la Ley Básica de Hong Kong, que hace de «mini-Constitución» de la ciudad, y nadie ni nada podrá interferir en sus misiones.
Para juzgar estos casos de seguridad nacional, el Gobierno elegirá a los magistrados, que no podrán haber criticado la ley y cuyo ejercicio en el tribunal será solo de un año. Aunque los juicios deberían ser públicos y algunos con jurado, los especialmente sensibles se celebrarán a puerta cerrada y otros «complicados o que involucren a gobiernos extranjeros» se llevarán a China continental, donde los disidentes suelen ser condenados por delitos como «subversión contra el poder del Estado» o «buscar problemas». Unas condiciones legales muy alejadas de las que imperan en cualquier democracia y que hacen temer a muchos hongkoneses el fin del modelo «Un país, dos sistemas», que garantizaba su autonomía hasta 2047, y la pérdida de sus libertades políticas, mayores que en el resto del país.
Para calmar sus miedos, la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, inistió en que esta nueva ley respetará los derechos humanos y el Estado de Derecho y «solo afectará a un grupo muy reducido de personas», ayudando a «acabar con la revuelta para recuperar el desarrollo económico y el bienestar de los ciudadanos». Pero numerosos activistas y líderes políticos, como el joven y carismático Joshua Wong, disolvieron sus partidos y organizaciones antes de la entrada en vigor de la ley. Incluso los comercios «amarillos» que se habían posicionado a favor de las protestas quitaron sus pancartas para no ser incriminados. En las redes sociales, los partidarios de la revuelta se apresuraron a borrar sus mensajes, lo que demuestra el miedo que ha despertado esta ley en una ciudad que, hasta ahora, era de las más libres y abiertas de Asia.
A pesar del nuevo clima de represión que amenaza a Hong Kong, la oposición demócrata ha llamado a salir hoy a la calle en la manifestación por el 23º aniversario de la devolución a China, prohibida por la Policía por el coronavirus y la violenta toma del Parlamento el año pasado. Habrá que ver si desafían dicho veto, como el mes pasado en la vigilia de Tiananmen, o los asusta la nueva ley.
Unánime condena internacional contra el régimen chino
Además del fuerte rechazo social en Hong Kong, la Ley de Seguridad Nacional china se ha encontrado la unánime condena internacional. Las democracias occidentales denuncian que Pekín incumple el acuerdo de devolución de Hong Kong a China por parte del Reino Unido, contemplado en la Declaración Sino-Británica de 1984 y formalizado con el traspaso el 1 de julio de 1997. Amparado por la ONU, dicho tratado internacional estipulaba el respeto a sus libertades y su autonomía bajo la fórmula de «Un país, dos sistemas», que ahora queda en entredicho. Mientras Japón ha liderado en el G7 una propuesta contra la ley y la Unión Europeaa advierte a Pekín de sus «serias consecuencias», Estados Unidos le ha retirado a Hong Kong su estatus económico preferente. Se trata de un castigo al régimen porque por esta ciudad entra el 70 por ciento de la inversión extranjera en China, pero también dañará a esta capital financiera de Asia. Haciendo oídos sordos, Xi Jinping sigue aumentando su control sobre Hong Kong, que podría perder su carácter único y, lo que es más importante, sus libertades.
Fuente: ABC
