La Ley Bases, como sabemos, contó con el apoyo de los legisladores provinciales, especialmente del SER y los Radicales que en Diputados y en el Senado apoyaron la iniciativa de Milei a instancia del gobernador Claudio Vidal.
Debido a la medida de fuerza que planificó la UOCRA Represas para hoy donde intenta bloquear la entrada a las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa, para impedir la entrada y salida de personal e insumos, advertimos que la acción se encuentra tipificada en la Ley Bases como “Justa causa” y podrían sobrevenir los despidos de aquellos que realicen el bloqueo.
Sin embargo, lo que se resume de este hecho, es que el Artículo 62 de la Ley Bases colisiona frontalmente con la Constitución de la provincia de Santa Cruz.
La ley que le aprobaron los legisladores del SER al presidente Milei, dice específicamente en el Artículo 242, que entre las causas justas sobre las cuales se podrían aplicar los despidos, figuran:inciso b) se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento; Inciso c) se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las retenga indebidamente.
Ahora bien, la Constitución de la provincia de Santa Cruz es preexistentes a la Ley Bases, y la ley de leyes de la provincia en su Artículo 62, expresa textualmente “La Provincia reconoce y respeta el derecho de huelga, no pudiendo tomarse contra los participantes en ella ninguna medida de fuerza mientras la misma no ponga en peligro evidente la seguridad de la población. Los Jueces garantizarán el amparo a este derecho”.
Está claro que los diputados y senadores de la provincia no leyeron el plexo que el presidente Milei les dio para aprobar a libro cerrado, con la anuencia y conformidad del gobernador Claudio Vidal.
Mientras la Ley Bases penaliza la protesta, la Constitución provincial asegura el derecho a huelga, ampara las protestas en tanto no vulnere la seguridad de la población y es más, pone a los jueces como garantía de ese derecho de los trabajadores.
No hemos observado que desde la provincia se haya interpuesto alguna medida judicial respecto de esta contradictoria situación legal que colisiona en un tema tan sensible como la paz social, algo que normalmente preocupa a todos los gobiernos provinciales, las empresas y los sindicatos en Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)
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FUENTE: Agencia OPI Santa Cruz
