Los grupos armados ilegales han impuesto un régimen del terror en al menos once regiones de Colombia aprovechando la crisis del coronavirus para cometer todo tipo de abusos contra la población civil, según un informe presentado este miércoles por la organización Human Rights Watch (HRW). Desde la llegada de la pandemia, varios grupos armados en numerosas partes del país han impuesto toques de queda, cuarentenas y otras medidas para evitar que se propague el virus. Con el fin de hacer cumplir sus reglas, los cárteles han amenazado, asesinado y atacado a quienes consideran se saltan el confinamiento.
«En Colombia, grupos armados han impuesto toques de queda, cuarentenas y otras medidas contra el Covid-19. Las infracciones se castigan con asesinatos y ataques. Documentamos la situación en 11 departamentos del país», expresó por su cuenta de Twitter, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. «Este brutal control social refleja las históricas falencias del estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo».
En Colombia, grupos armados han impuesto toques de queda, cuarentenas y otras medidas contra el covid-19.
Las infracciones se castigan con asesinatos y ataques.
Documentamos la situación en 11 departamentos del país.
Nuevo informe de @hrw_espanol: https://t.co/xCEiiatdf5— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) July 15, 2020
Entre marzo y junio de 2020, Human Rights Watch entrevistó por teléfono a 55 personas en 13 departamentos de Colombia, incluidos líderes comunitarios, fiscales, funcionarios de organizaciones humanitarias, policías y residentes locales. Las investigaciones demuestran que los cárteles informaron a las poblaciones locales que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación del virus en al menos 11 de los 32 departamentos del país. Los grupos han comunicado, generalmente a través de panfletos y mensajes de Whatsapp, una amplia variedad de medidas que incluyen toques de queda; cuarentenas; restricciones a la circulación de personas, automóviles y embarcaciones; límites con respecto a los días y horarios de apertura de tiendas; y la prohibición de acceso a las comunidades para extranjeros y personas de otras zonas del país.
Miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bolívar, en el norte de Colombia, difundieron un panfleto a principios de abril en el cual anunciaban que se sentían «forzados a dar bajas humanas con fines de preservar vidas» debido a que la población no había «acatado las órdenes de prevención». En el panfleto se indica que «sólo pueden trabajar graneros, droguerías y panaderías», y aclara que las demás personas deberán cumplir el «aislamiento» en sus casas.
Los grupos armados implicados en estos crímenes incluyen al ELN y disidencias de las FARC, así como a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que emergieron de la supuesta desmovilización de grupos paramilitares a mediados de la década del 2000. El 26 de abril, miembros de la columna móvil Jaime Martínez, un grupo que surgió de la desmovilización de las FARC, mataron a tres civiles e hirieron a otros cuatro en el departamento de Cauca. El 8 de junio fue asesinado Edison León Pérez, un líder comunitario de Putumayo. Según un fiscal que investigó el caso, miembros del grupo armado La Mafia habrían asesinado a Pérez porque, días antes, la víctima había enviado una carta a las autoridades locales denunciando que el grupo armado estaba obligando a los residentes locales a organizar puntos de control para interrogar y examinar a las personas que ingresaban a la zona en relación con síntomas de Covid-19.
Al 13 de julio, Colombia había confirmado más de 150.000 casos de Covid-19 y más de 5.000 muertes vinculadas con el virus. El gobierno ha adoptado una serie de medidas para contener la propagación del Covid-19, incluyendo un aislamiento obligatorio de alcance nacional, que empezó a fines de marzo y sigue vigente.
Fuente: ABC
