Los ecuatorianos siguieron este jueves minuto a minuto, el goteo de información que se filtraba sobre el acercamiento entre el Gobierno y la dirigencia de la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) para lograr que se inicie un diálogo formal, aceptado por el Ejecutivo y condicionado por los manifestantes, con el objetivo de poner fin a la paralización del país, que ha dejado, hasta la fecha, dos muertos, 170 detenidos y millonarias pérdidas económicas.
Este jueves, al cumplirse el undécimo día de las movilizaciones, la Iglesia Católica mantenía contactos con los dirigentes de la movilización y el Gobierno utilizaba intermediarios, según supo ABC, para persuadirlos para sentarse a dialogar. La Conaie exigía que les dejaran utilizar las instalaciones de la Casa de la Cultura, que permanecían cercadas por la Policía, y el Gobierno accedió.
Casi de inmediato, ríos de gente ingresó al Ágora; los indígenas hablaron de «recuperación» del espacio. El gesto habría sido bien recibido, por lo que, al cierre de esta edición, todo hacía suponer que habría luz verde para iniciar el diálogo. La decisión de las autoridades fue reconocida por observadores como un hábil movimiento de fichas, en un momento en el que los indígenas se habrían percatado de que el país ha empezado a movilizarse para rechazar los paros, que tuvo evidentes fines desestabilizadores, en contra del Gobierno centroderechista de Guillermo Lasso. En plena efervescencia discursiva, al menos un par de dirigentes indígenas afirmaron, a plena luz del día, que «hay que sacar a Lasso», mientras que el coro de todas las manifestaciones ha sido: «Fuera, Lasso, fuera».
Violencia
Pero nada está dicho hasta que haya un acuerdo formal; eso sí, para los dirigentes de las protestas, la situación se estaba complicando. El hecho de que algunas movilizaciones se volvieran violentas y que el paro se les podía escapar de las manos habrían contribuido a optar por el diálogo, puesto que tampoco podrían justificar, como en ocasiones pasadas, que el vandalismo durante las protestas era causado por infiltrados. Lo que sucedió la noche del martes en la ciudad amazónica de Puyo, donde fueron incendiados la sucursal de un banco y más de una docena de coches de la Policía, y donde murió un manifestante, fueron igualmente decisivos.
A ello se suma la acción de fuerza de unos 300 comuneros que, el miércoles, entraron a la subestación de electricidad Tisaleo (provincia de Tungurahua) con la intención de presionar para desconectar el servicio, lo que habría supuesto dejar sin energía eléctrica a Guayaquil; pero no lo consiguieron. Más temprano, en Quito, un grupo de manifestantes irrumpió en la Fiscalía, de la que sacaron expedientes y documentos, que fueron incinerados. «Lo que buscan, no está allí», dijo, tras condenar el acto, la fiscal general, Diana Salazar, en relación a los procesos sobre actos de corrupción y crimen organizado que tramita.
Hasta la fecha, no hay una cifra exacta de las pérdidas por los días de paro, pero será cuantiosa. La producción petrolera ha perdido unos 170.000 barriles y las exportaciones de banano y camarón tampoco se han realizado. Por si no fuera suficiente, las líneas de abastecimiento interno están cortadas y los mercados y supermercados empiezan a vaciarse. En varias ciudades, la población se ha organizado y ha salido a las calles a protestar por el bloqueo –se denominan ‘marchas por la paz–. La que se efectuó en Quito, en la avenida los Shyris, fue multitudinaria. Si el presidente Lasso sale bien librado, es evidente que tiene que dar un golpe de timón a su Gobierno, hay una desconexión con las necesidades de los sectores más pobres y eso es una mecha permanente que puede encenderse en cualquier momento.
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Fuente: ABC
