(ADN). – El parlamento rionegrino -que sesionó de manera virtual, dio su aprobación por unanimidad a la ampliación de medidas fiscales dispuestas por el gobierno provincial, con el propósito de atenuar los efectos de la caída de la economía, derivada de las medidas sanitarias aplicadas ante la pandemia de coronavirus.
Con esta ley se extienden los beneficios y medidas fiscales otorgadas en los decretos de mayo y que tendrán vigencia durante los meses de junio y julio. Sobre esta norma, la legisladora Marcela Avila, de JSRN, señaló que «estos beneficios, prórrogas y exenciones buscan alivianar la carga fiscal de los contribuyentes rionegrinos con el claro objetivo de sostener el empleo en la Provincia”.
A su vea el legislador Marcelo Mango (FDT), al adelantar el acompañamiento de la medida, indicó que “la región necesita una integración en la política sanitaria frente al COVID entre las provincias de Río Negro y Neuquén, por lo menos en la región del Comahue”.
La ley prórroga los vencimientos de abril y junio de la cuota del impuesto automotor, para las actividades de transporte, a contribuyentes del régimen general y de convenio multilateral, hasta el 31 de diciembre.
Con esta norma continúa la suspensión para abonar los planes de pagos de impuestos sobre los Ingresos Brutos y la prórroga hasta el 31 de diciembre, del pago de la cuota del impuesto automotor e inmobiliario para contribuyentes de regímenes simplificados y de convenio multilateral.
Asimismo, establece la continuidad de la reducción del componente impositivo para los monotributistas, en un 100 por ciento en las categorías más bajas, un 80 en las intermedias y un 50 para las más altas durante los meses de junio y julio.
ART para profesionales de Salud
La Legislatura también aprobado el proyecto que establece que los servicios que presten los profesionales de la salud, en el marco de la emergencia sanitaria, se consideren de carga pública y sean cubiertos por una ART.
La iniciativa presentada por los legisladores Luis Albrieu y Alejandro Ramos Mejía (FDT), está destinada a proteger a los profesionales externos al Estado que sean convocados a prestar servicios en el contexto del COVID-19 y de la emergencia sanitaria.
