El testaferro de Nicolás Maduro sigue deshojando la margarita. Ahora la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde se declara incompetente para decidir sobre la solicitud de extraditar a Alex Saab a los Estados Unidos por acusación de corrupción y lavado de dinero. El empresario colombiano, Alex Saab, brazo financiero y «agente especial» del régimen chavista, fue capturado en la isla africana de Cabo Verde desde junio pasado a la espera de que las autoridades caboverdianas lo extraditen a EE.UU. donde le tienen cargos por blanquear más de 350 millones de dólares en los bancos de ese país.
La información de la decisión de la Corte Suprema de Cabo Verde la transmitió la defensa de Saab, dirigida por el exjuez español Baltazar Garzón. En su comunicado de prensa señala que «esta resolución, expone que dicho Tribunal no tiene competencia para decidir en lo relacionado al arresto domiciliario, y toma, por lo tanto, la posición de devolver el caso a la Corte de Apelaciones del país, para que sea ésta la que estudie de nuevo las medidas provisionales solicitadas por el equipo legal del afectado».
Los defensores: «El Tribunal caboverdiano, ha remitido también algunas cuestiones a dicho Tribunal de Apelación debido a numerosas irregularidades», añadió en el comunicado uno de los abogados de Saab, José Manuel Pinto Monteiro.
«La Corte Suprema ha emitido una decisión que amonesta a la Corte de Apelaciones por ignorar los principios básicos del debido proceso», dijo Rutsel Silvestre J Martha otro de sus abogados.
El Tribunal de apelaciones aprobó extraditar a Saab el 31 de julio, lo que ha molestado a su defensa. «El Tribunal de Barlovento ha decidido de forma arbitraria, sin sustento legal y con absoluta falta de motivación aprobar la extradición del señor Saab y, por tanto, su entrega al agente perseguidor por razones políticas, Estados Unidos», dijo entonces la firma de Baltasar Garzón.
Según los abogados de Saab, la devolución del expediente a la primera instancia es una supuesta reprimenda: «Ello en base a las irregularidades y las constantes vulneraciones de los derechos humanos sufridas por el agente diplomático venezolano desde el pasado 12 de junio, fecha en la que fue privado de libertad de forma arbitraria y a la espera de la respuesta de la Corte de Justicia de la Comunidad de los Estados de África Occidental (CEDEAO)».
El empresario de 48 años, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Según EE.UU., entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y su socio, Álvaro Pulido, se confabularon para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
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Fuente: ABC
