El régimen cubano responsabilizó al embargo económico y financiero de los Estados Unidos contra la isla para justificar la venta de sus servicios médicos que, en los últimos años, se convirtió en una de sus «principales fuentes de ingreso».
Según la noticia divulgada por el sitio web estatal Cubadebate, «el conjunto de medidas extraterritoriales de persecución económica, comercial y financiera contra Cuba exceden el plano bilateral, puesto que aplica sanciones contra terceros países en sus relaciones con La Habana», obligó al régimen a exportar sus servicios médicos catalogados por no pocos observadores de «esclavitud moderna».
Lo que no reveló Cubadebate, en su publicación del pasado 15 de septiembre, es que la eufemísticamente nombrada «cooperación médica en el contexto del Covid-19» también se erige en detrimento de los cubanos en la isla quienes, además de sufrir una severa escasez de alimentos y productos de primera necesidad, son víctimas de un sistema de salud cada vez más depauperado y del déficit de medicamentos de primera línea.
Sin embargo, anterior a la expansión del Covid-19 la calidad en los servicios de salud pública habría sufrido un significativo retroceso, agravado por una parte a consecuencia del desangramiento que el régimen propició al comercializar los servicios de decenas de miles de profesionales y técnicos de la salud en diversos países como Brasil, Venezuela, Qatar, Kuwait, China, Argelia, Arabia Saudita, y Sudáfrica, entre otros.
En estadísticas oficiales publicadas en abril de 2017, se reflejaba que los médicos cubanos trabajan en 62 países, en 35 de los cuales el régimen habría cobrado por sus servicios.
Negligencias médicas
Tampoco admitió la publicación oficialista el incremento, durante los últimos cinco años, de muertes por negligencias médicas en hospitales del país; las denuncias ciudadanas sobre el precario estado de clínicas y hospitales; lo bajos estándares de calidad del servicio profesional a razón de que los médicos más experimentados son enviados a las llamadas «misiones de cooperación».
Por otra parte, los ciudadanos en la isla que denuncian estos hechos, así como los activistas que desde iniciativas civiles sirven de puente a ayudas solidarias son represaliados y acusados de politizar y «deslegitimar el sistema político cubano teniendo en cuenta de que se trata de uno de sus principales pilares».
El caso reciente contra la activista Diasniurka Salcedo Verdecia, víctima de un operativo policial violento mientras intentaba ayudar a un niño con problemas del corazón en la localidad de Artemisa, representa un claro ejemplo de la involuntad política del régimen, que priva de la cooperación médica a sus ciudadanos mientras sus mejores servicios le representan un jugoso negocio.
La labor crítica de Salcedo Verdecia -como miembro de un grupo de la sociedad civil local, con fines humanitario que se autonombran Las Marianas- focaliza los problemas en el sistema de salud y las condiciones de muchos cubanos de su localidad. Como parte del operativo le fue decomisado su teléfono celular, 200 CUC [aproximadamente 170 euros] y los medicamentos para el niño enfermo. Una labor por la cual Salcedo Verdecia no hubiese merecido persecución en un país libre.
Solo en 2018 el régimen cubano se embolsó 6.400 millones de dólares por la venta de servicios médicos. Una cifra que supera ampliamente a los ingresos que generó el sector del Turismo y que no ha sido invertida en rescatar de la debacle al sistema de salud que impera en el país.
De conjunto con Vivienda y las fuerzas de la Policía Nacional, los servicios de Salud Pública se encuentran entre los sectores más criticados por la sociedad civil cubana, y que el régimen cataloga de «hechos aislados».
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Fuente: ABC
