La tercera candidatura a la presidencia de Keiko Fujimori en abril de 2021 entra en vilo a la espera de que un juzgado decida si suspende o no su partido, Fuerza Popular, tras el pedido realizado ante un juzgado del fiscal José Domingo Pérez para ser investigados por lavado de dinero agravado. Ha alegado que la organización política cometió delitos graves como captación y lavado de fondos, y que, por ello, se debe disolver como persona jurídica, tal y como se hizo con Herri Batasuna en España, al estar ligado a la banda terrorista ETA.
«Poner a Fuerza Popular al mismo nivel que Herri Batasuna, organización vinculada al grupo terrorista ETA, o equiparar los fondos lícitos de empresas nacionales con aportes del narcotráfico solo muestra la falta de argumentos de un fiscal que no tiene nada que sustentar», dijo Fujimori en su cuenta de Twitter tras la audiencia realizada en Lima, donde se solicita suspender el partido político que fundó en el 2011.
«Más de lo mismo. Sus argumentos de hoy son exactamente los que ya usó, sin sustento, en sus pedidos de prisión preventiva. Meras presunciones, aunadas a un claro propósito político, ahora las usa para intentar sacar a todo un partido de una contienda electoral en marcha», agregó Fujimori .
«Esperamos que la justicia y la sensatez prevalezcan. Especialistas y actores políticos de diversos sectores ya se han pronunciado, rechazando esta medida que viola nuestro derecho a elegir y ser elegidos. Que la decisión final la tomen los electores. Que el pueblo decida», concluyó la excandidata a la presidencia en el 2011 y en el 2016.
La suspensión es una medida constitucional
«La suspensión del partido Fuerza Popular es una medida constitucional y legal que se desarrolla como consecuencia del desarrollo del proceso penal. En 2019, el juzgado incorporó al partido Fuerza Popular como parte del proceso en base a lo promulgado por el Tribunal Constitucional sobre el caso Nadine Heredia (ex primera dama y esposa de Ollanta Humala), donde se señaló que el lavado de activos afecta bienes constitucionales, como el sistema financiero, la libre competencia, el sistema democrático y la administración de justicia», explicó José Domingo Pérez en Radioprogramas de Perú.
Para Pérez, los actos de Fuerza Popular «han pervertido el sistema político y financiero», y que cuando se presente la denuncia contra Fujimori se pedirá la disolución y liquidación de Fuerza Popular, como lo solicitó al acusar al Partido Nacionalista Peruano que preside Humala (2011-2016).
La defensoría del Pueblo rechazó la posible suspensión señalando que «la suspensión temporal de actividades de una organización política no solo afecta a los posibles candidatos del partido político en el proceso electoral en curso, sino también a todos sus militantes y a la población que podría considerarse representada por esta agrupación, ya que el ejercicio de sus derechos fundamentales políticos, se verían frustrados en la práctica».
Tanto Fujimori como Humala buscan postularse a la presidencia en abril de 2021. Junto a estos, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo y el fallecido Alan García son investigados por lavado de activos por haber recibido presuntamente fondos de la constructora brasileña Odebrecht desde el 2001 hasta la fecha, en el denominado caso Lavajato.
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Fuente: ABC
