(ADN). -La fiscal de Roca, Julieta Nazarena Villa, desestimó una denuncia penal sobre peculado contra el ex intendente de esa ciudad, Martín Soria, realizada por Andrés Nicolás Suárez Colman, quien se presentó a la Justicia acusando al jefe comunal habría retenido y destinado a otros fines un porcentaje de los haberes de los funcionarios públicos», suma que la Tesorería Municipal entregaba en mano al Intendente Soria, por intermedio de la contadora Mariana Soler, también involucrada en la denuncia junto a otros cinco funcionarios comunales.
La fiscal llegó al dictado de la resolución luego de 10 meses de investigación, donde sumó al cuerpo probatorio fotocopias de informes bancarios, transferencias a cuentas sueldo, declaraciones de los funcionarios y empleados involucrados, entre otros.
También en la resolución, la fiscal Villa señaló que una vez que se encuentre firme su disposición, se oficie a la Intendencia Municipal la resolución sugiriendo que «se realice una corrección administrativa, en relación a la manera en la que se materializan los descuentos de los aportes voluntarios de la planta de funcionarios, al proyecto político de la gestión actual».
La investigación comprende el período 2013-2019 sobre los aportes de más de 40 funcionarios municipales que habrían realizado «el aporte voluntario al Proyecto Político en las gestiones del Intendente Martín Soria», que significaba alrededor de un 6% del sueldo.
A su vez, el Departamento de legales del Municipio informó ante un requerimiento de la Fiscalía que “el destino de los aportes voluntarios tiene por objeto que dichos fondos sean utilizados en los gastos y demás costos que el desempeño de la actividad política demande».
Complementariamente a estos aportes se investigó el pago de “sobresueldos en el municipio” donde el Tribunal de Cuentas Municipal desechó todo procedimiento de pago de aporte extra, que no se encuentre debidamente liquidado.
La fiscal sostiene entonces que “no cuento con los elementos de cargo necesarios para avanzar con la pesquisa, ya que, si bien fue administrativamente «desprolija» la manera de recaudar los fondos para solventar el proyecto político de Martín Soria, no se reúnen los elementos típicos necesarios para encuadrar los hechos investigados, en por lo menos una figura penal típica”.
Agrega que “no se pudo probar que el destino de los fondos sea para provecho personal del ex Intendente o de los funcionarios cuestionados, por el contrario, quedó evidenciado que dichos fondos eran utilizados para solventar los gastos del proyecto político y para distintas obras de bien común, destinadas a los vecinos más carenciados” y que el “aporte de los funcionarios era voluntario, no estaban compelidos a realizarlo” y además “dieron su consentimiento”.
