Chile empieza a escribir este domingo un capítulo inédito en su historia: por primera vez ha sido convocado a definir si quiere tener una nueva Constitución elaborada en democracia o si mantiene la actual, redactada e impuesta durante la dictadura del general Augusto Pinochet hace 40 años.
Los gobiernos civiles que sucedieron al dictador introdujeron más de 40 reformas a la carta magna, pudieron generar condiciones para un mayor crecimiento económico y reducir la pobreza, pero persistieron las desigualdades estructurales facilitadas por los cerrojos institucionales que protegen el Estado «subsidiario» que no garantiza los derechos sociales básicos. Aunque la Constitución de Pinochet fue resistida desde el primer día, las movilizaciones sociales que se iniciaron en 2006, que se intensificaron en 2011 en adelante contra el sistema educativo, la precariedad del sistema de salud y las bajas pensiones que entregan las administradoras privadas de jubilaciones, entre otras, terminaron por poner en jaque la vieja institucionalidad, hasta llegar al llamado «estallido social» de hace un año.
Las masivas movilizaciones que llegaron a sacar en un mismo día a más de cinco millones de personas a las calles, también derivaron en acciones de violencia –como la quema del metro en Santiago, decenas de saqueos y barricadas en todo el país– y obligaron al gobierno de Sebastián Piñera a buscar un acuerdo que se concretó el 15 de noviembre para dar una salida política a la crisis. El pacto se llamó «Acuerdo por la paz y una nueva Constitución».
«Lamento que el presidente Piñera haya entregado la Constitución», dijo esta semana Carlos Cáceres, el último ministro del Interior de Pinochet. Sus palabras sintetizaron así el pesar de quienes defienden en Chile la institucionalidad que permitió la permanencia de Pinochet en la jefatura del Ejército por casi diez años después de abandonar el poder, asumir como senador vitalicio hasta su arresto en Londres en 1998, así como la permanencia de nueve senadores designados, cargos que fueron suprimidos en 2006. También es parte del entramado jurídico el Tribunal Constitucional, que en la práctica actúa como una tercera cámara. «Cuando una ley no les conviene a empresarios o algún otro grupo de interés, como la que otorgaba mayores facultades al organismo que protege a los consumidores, es declarada inconstitucional y llevada al Tribunal Constitucional, que la anula», explica el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis.
Dos papeletas
El plebiscito convocado para hoy domingo, al que deberían concurrir más de 14,8 millones chilenos habilitados para votar, consulta sobre la continuidad de esa carta magna con dos papeletas. La primera pregunta: ¿Quiere usted una nueva Constitución? Y ofrece dos opciones, «Rechazo» y «Apruebo». Si gana la primera, todo sigue igual, se mantiene la vigente y termina el proceso. Si gana el «Apruebo» parte un calendario ya definido que terminaría en dos años más.
Pero la forma en que sigue el proceso depende de la segunda papeleta. En esta la pregunta es: «¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución?». Y las opciones son una «Convención mixta» integrada por la mitad de congresistas en ejercicio y la otra mitad por delegados ciudadanos elegidos por voto popular, o una «Convención Constitucional» compuesta paritariamente (mitad hombres y la otra mitad por mujeres), con escaños reservados para los pueblos originarios (aún en trámite parlamentario) y una cuota para personas en situación de discapacidad.
Si se confirman los pronósticos de los sondeos de opinión, este domingo habrá mayor participación que en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias de 2017, cuando se registró un 60 por ciento de abstención. Las mismas encuestas dicen que el «Apruebo» tiene amplia ventaja, así como la opción de que sea la Convención Constitucional la que redacte el nuevo pacto constitucional.
Al referendo la oposición a Piñera llega unida en el objetivo de echar abajo la Constitución vigente, pero no pudo realizar una campaña conjunta, asunto que le podría impedir tener mayoría en la constituyente. El oficialismo también llega fracturado, al menos diez ministros de Piñera anunciaron que votarían por el «Apruebo», división que también alcanza a los parlamentarios de gobierno y a sus partidos. Incluso el eventual candidato presidencial de derechas mejor posicionado en las encuestas, Joaquín Lavín, anunció su voto de aprobación al cambio de Constitución, así como por la Convención Constitucional.
Como sea, el gobierno de Piñera espera este lunes atribuirse el éxito del proceso plebiscitario y desde ya incidir en los contenidos de la próxima carta magna. La batalla principal, como adelantó el fundador de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), el exsenador Pablo Longueira, es la elección de los delegados constituyentes del 11 de abril de 2021, pues consiguiendo solo un tercio de la asamblea podrán bloquear los cambios más radicales que postula la oposición. El trabajo de redacción del nuevo pacto constitucional puede durar como máximo un año, esto es junio de 2022, cuando Piñera ya no esté en La Moneda.
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Fuente: ABC
