En el marco del plan «Motosierra 2.0» de política de ajuste del gasto público, el gobierno de Javier Milei avanzó con el cierre definitivo de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, una medida que estaba contemplada en el decreto 70.
La dependencia, que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Economía, fue oficialmente disuelta con la resolución 150, publicada este jueves en el Boletín Oficial. Con este recorte, otros 500 empleados quedaron fuera del sector público, en línea con la reducción del aparato estatal impulsada por la gestión libertaria.
El año pasado, el Ejecutivo ya había desfinanciado los programas que dependían de esa secretaría, incluyendo el Plan Procrear, que fue eliminado junto con el fondo fiduciario que lo respaldaba. Ahora, con el cierre definitivo de la dependencia, se concreta una nueva etapa del ajuste estructural.
Desde el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, explicaron que la reducción de personal incluyó tanto a empleados de planta como a contratados. Según estimaciones oficiales, la desvinculación de estos trabajadores, cuyo salario promedio era de un millón de pesos, permitirá un ahorro fiscal de aproximadamente 6.500 millones de pesos anuales.
Además, el Gobierno adelantó que continuará con la reducción de personal en otros organismos estatales. En particular, se prevé la desvinculación de un grupo de auditores que prestaban servicio en el área de Hábitat mediante convenios con universidades nacionales. La eliminación de estos contratos es parte del objetivo de recortar estructuras administrativas y destinar los recursos a otros sectores.
Desde el inicio de la gestión de Milei, el Gobierno avanzó con un fuerte recorte en la plantilla estatal. Según datos oficiales, hasta la fecha se han registrado 37.595 despidos en distintas áreas del Estado. De este total, 22.302 corresponden a la Administración Centralizada y Descentralizada, 12.410 a empresas del Estado y 2883 a personal de seguridad y militar.
En paralelo al cierre de la Secretaría de Desarrollo Territorial, el Gobierno avanzó con una serie de medidas orientadas a simplificar la contratación de obra pública y reducir la burocracia en la Administración Pública Nacional.
A través del decreto 105, publicado esta semana en el Boletín Oficial, se dispuso la eliminación del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y del Registro Nacional de Firmas Consultoras de Obras Públicas. Estas entidades eran responsables de regular y calificar a las empresas privadas que prestaban servicios al Estado.
FUENTE: Minuto Neuquen
